Leonardo Bastida Aguilar

Ciudad de México a 11 de noviembre de 2020

Por votación unánime, las y los ministros integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron la obligatoriedad de las diferentes instituciones de salud de garantizar el abastecimiento suficiente para el suministro ininterrumpido de medicamentos antirretrovirales para las personas que viven con VIH.

Lo anterior derivo de la atracción del amparo 227/2020, por parte de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, quien en su proyecto resalto la importancia de “dilucidar el alcance del estándar de protección del derecho humano a la salud en personas que viven con VIH en relación con la obligación de las clínicas y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social de proveer atención médica completa a sus derechohabientes, y si esta debe incluir el suministro ininterrumpido de medicamentos antirretrovirales para preservar la salud de los pacientes”.

Hechos

El 7 de junio de 2019, la persona afectada acudió al Hospital General Regional Número 1 del IMSS en Querétaro, del cual es derechohabiente. El objetivo de su visita era solicitar el medicamento que le fue prescrito (dolutegravir), sin que este le fuera suministrado en aquella ocasión por falta de disponibilidad. Finalmente, casi tres semanas después, le fuero entregadas dos cajas del fármaco.

Ante la situación, decidió interponer una demanda por considerar que la situación puso en riesgo su derecho a la protección de la salud, así como su integridad personal, pues, debido a su condición de persona que vive con VIH, requiere del suministro diario de medicamentos, o en caso contrario, podría desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y tener un deterioro en su estado de salud.

En un primer momento, se consideró que la demanda era “inexistente” debido a que ya se le habían suministrado los medicamentos. Y el IMSS solicitó una revisión adhesiva al considerar que no se había puesto en riesgo la vida de la persona pues, según su recuso legal, la interrupción de algunas dosis no genera afectación alguna.

Por lo anterior, la Primera Sala del máximo tribunal del país decidió atraer el caso a comienzo de 2020.

Sentencia

La resolución adoptada por el organismo judicial indica que es deber del IMSS proveer de medicamentos antirretrovirales a la persona quejosa y de todos los cuidados médicos necesarios y utilizar todos los recursos disponibles para garantizar su derecho a la protección de la salud así como adoptar las medidas administrativas necesarias para “el correcto abastecimiento y existencia en inventarios del medicamento que requieren los pacientes con prescripción médica sujetos a un tratamiento permanente y continuo, cuyo retraso puede generar consecuencias graves a la salud individual y pública”.

Además, establece que el alcance de la sentencia es para todas las instituciones de salud y autoridades encargadas de brindar atención a las personas que viven con VIH en el país.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*