El 29 de marzo, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, manifestó en sus redes sociales que toda aquella persona que presente los síntomas o haya sido diagnosticada con Coronavirus y no acate las medidas de aislamiento para evitar posibles nuevas infecciones, podrá hacerse acreedora a una pena de hasta tres años de cárcel y una multa de 86 mil 800 pesos.

Lo anterior, con base en el artículo 189 de Código Penal de Yucatán, titulado “del peligro de contagio”, en cuyo contenido menciona que se considera que comete dicho delito “quien sabiendo que está enfermo de un mal venéreo o de alguna enfermedad grave, transmisible en período infectante y de manera dolosa tenga cópula o por cualquier otro medio directo ponga en peligro de contagio la salud de otras personas”.

El 25 de marzo, el gobierno de Chihuahua publicó en el Periódico Oficial del Gobierno de Chihuahua el acuerdo 049/2020 para dar a conocer las medidas que tomará para prevenir nuevas infecciones de COVID-19 en la entidad federativa entre el 25 de marzo y el 20 de abril. Entre estas, se determinó que aquellas personas que presenten sintomatología vinculada con el coronavirus y no lo informen de inmediato a un médico o a las autoridades de Chihuahua, podrán ser “investigadas por la posible comisión del delito de peligro de contagio previsto en el Código Penal del Estado”.

Dicha medida se basa en el artículo 157 del Código Penal de Chihuahua, que considera que comete el delito de peligro de contagio “… quien sabiendo que padece una enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio a otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, siempre y cuando la víctima no tenga conocimiento de esa circunstancia”. E impone una condena de seis meses a cuatro años de prisión y de cincuenta a trescientos días de multa.

A la par, el gobierno de Puebla, encabezado por Miguel Barbosa Huerta, estableció que como parte de la respuesta al Covid 19, aquellas personas que lo hayan contraído y no cumplan con las medidas de sanidad y aislamiento correspondientes o “lo distribuyan a propósito (sic)” podrían ser sancionadas con hasta dos años de prisión y multas económicas de entre mil 737 y 86 mil 880 pesos.

La disposición se basa en el capítulo Sexto del Código Penal de Puebla, que considera que comete el delito de peligro de contagio “quien sabiendo que padece un mal venéreo o cualquier otra enfermedad crónica o grave que sea transmisible por vía sexual o por cualquier otro medio directo, pusiere en peligro de contagio la salud de otra persona”.

El pasado 1 de abril, el gobernado de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, dio a conocer las medidas que su gobierno implementará como respuesta al Covid 19. A través del Periódico Oficial del estado se publicaron una serie de artículos correspondientes a las medidas por tomar. Entre ellas, el artículo 12, que señala que “en caso de que las personas infectadas por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) o personas sanas que hubieren estado expuestas al mismo, no acaten las medidas que determine la Secretaría de Salud relativas al aislamiento y cuarentena por el tiempo estrictamente necesario para controlar el riesgo de contagio, se harán acreedoras a las sanciones previstas en la Ley de Salud del Estado”.

La Ley de Salud de Tabasco contempla a la cuarentena como una medida sanitaria y puede hacerse acreedor a un arresto de 36 horas “a quien ponga en peligro a la salud de las personas” por no cumplirla además de sanciones económicas.

En Tabasco, el artículo 120 del Código Penal sanciona “al que padeciendo una enfermedad grave y transmisible, realice actos mediante los cuales contagie a una persona” con una pena de cárcel de hasta 10 años si se considera que la enfermedad es incurable.

Estas medidas se contraponen al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que garantiza el derecho a la no discriminación por condición de salud así como a las recomendaciones internacionales en materia de respuesta al COVID-19. Además de no ser aplicables debido a que las personas, al salir de casa, desconocen si se han infectado o no del nuevo coronavirus.

Cabe resaltar, que la mayoría de instituciones de salud no cuentan con pruebas de diagnóstico de COVID – 19, pues en este momento, en México, las pruebas se aplican sólo a los casos graves y severos que están en hospitalización y a una muestra de 10 por ciento de casos leves que están siendo atendidos en casa.

Así mismo, las medidas propuestas contradicen el comunicado emitido, el pasado 16 de marzo, por integrantes de las áreas de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, a través del cual hacen un llamado a los Estados “a que cualquier respuesta de emergencia al coronavirus debe ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria”.

Y las declaraciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quién ha hecho un exhorto a los gobiernos a brindar soluciones para la pandemia desde un enfoque holístico, “para proteger cuidadosamente a los sectores más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, tanto en términos médicos como económicos”. Además de recomendar que “los confinamientos, las cuarentenas y otras medidas de esa índole orientadas a combatir la expansión del COVID-19 deben aplicarse siempre en la más estricta observación de las normas de derechos humanos y de manera proporcional y ponderada al riesgo en que se incurre…”.

Por esas razones, la Red Mexicana de Organizaciones Contra la Criminalización del VIH, hacemos un llamado a los gobiernos de Chihuahua, Puebla, Tabasco y Yucatán, en particular, y a todas las autoridades federales, estatales y municipales encargadas de dar respuesta a la pandemia de COVID-19 a:

– Anular las medidas propuestas de sancionar bajo el delito de peligro de contagio a quienes, por diversas circunstancias, no revelen a las autoridades su condición de salud o la sintomatología asociada al COVID-19.
– Evitar la instauración de toques de queda y medidas coercitivas similares para obligar a la población a mantenerse en sus domicilios.
– Diseñar medidas para evitar e inhibir aglomeraciones evitando vulnerar los derechos humanos de las personas.
– Establecer las medidas necesarias de detección, monitoreo y seguimiento de casos de COVID-19 con base en evidencia científica.
– Proponer medidas de prevención de nuevas infecciones basadas en evidencia científica y con la proporción de insumos suficientes, como alcohol en gel, agua y jabón, en los lugares públicos, para que la población siga las recomendaciones de higiene de la Organización Mundial de la Salud.
– Garantizar los derechos humanos de la ciudadanía en cada una de las estrategias implementadas para hacer frente a la epidemia.
– Diseñar una estrategia económica a favor de las familias mexicanas, sobre todo, para aquellas cuyos ingresos dependen de sus actividades diarias o aquellas cuyos integrantes han sido despedidos e enviados a casa sin goce de sueldo.
– Mantener informada a la población, de manera clara y precisa, sobre la situación del COVID-19, desde un enfoque de derechos humanos y libre de estigma y discriminación.
– Revisar los 30 Códigos Penales estatales y el federal, donde se considera el delito de peligro de contagio, ya que es una recomendación internacional basada en evidencia científica, evitar este tipo de medidas punitivas para dar respuesta a las epidemias.

HIV Justice Network y Sero Project, a través de la Declaración del Comité Ejecutivo sobre la Criminalización del COVID-19, señalan que la criminalización no es una respuesta basada en evidencia científica a los problemas de salud pública debido a que estigmatiza a las personas más afectadas y genera menos posibilidad de atención y prevención en esa población.

El uso de la ley penal impacta en la salud pública al crear barreras para la prevención, las pruebas, la atención y el tratamiento, pues las personas sienten miedo de revelar su estado o acceder al tratamiento por temor a ser sancionadas penalmente.

En estos momentos, la respuesta al COVID-19 exige la utilización de los mejores recursos disponibles en aras del mayor beneficio posible para la población por lo que su implementación con una perspectiva de derechos humanos es fundamental en esta y todas las epidemias.