Leonardo Bastida Aguilar

Ciudad de México a 30 de abril de 2018

Con ocho votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó como inválida la modificación al artículo 158 del Código Penal del Estado de Veracruz de Ignacio  de  la  Llave realizada el 1 de diciembre de 2015. Dicha modificación adicionó al artículo referente al “delito de peligro de contagio” el término “infecciones de transmisión sexual” a fin de que quienes las tuvieran pudieran ser sancionados por poner en peligro de infectarse a otras personas.

Durante la discusión de la Acción de Inconstitucionalidad 139/2015, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el ministro ponente del proyecto, José Ramón Cossío Díaz, señaló que  la modificación al Código Penal veracruzano no tenía razón de ser porque ya penalizaba “la puesta en riesgo del contagio de enfermedades graves”. Sino lo que hizo fue que en el caso de las infecciones de transmisión sexual (ITS), aunque no fueran graves, las sancionaba.

En sus argumentos, el ministro estableció que el objetivo de la reforma fue proteger a las mujeres de una posible transmisión de una “enfermedad grave” o una ITS, pero consideró que hay medidas menos punibles como pruebas, diagnósticos voluntarios, campañas de prevención positivas, métodos anticonceptivos y tratamiento de enfermedades o infecciones comunes, que podrían ayudar a lograr dicho fin.

El ministro aclaró que esta resolución no descriminaliza la transmisión de enfermedades consideradas como “graves” porque ya estaban contempladas anteriormente en la legislación y siguen incorporadas en su texto vigente.

Por su parte, el ministro Arturo Zaldívar indicó que es complicado determinar cuando se puso en riesgo a una persona para trasmitir la enfermedad. Dijo que en Estados Unidos, las leyes que sancionan la transmisión de VIH han provocado muchos arrestos por actividades que no implican riesgo alguno como escupir o morder debido a que no hay claridad, ni evidencia científica de que esas acciones expongan a una persona a una ITS.

El ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, retomó las recomendaciones del Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH/sida y la Declaración de Oslo, referente a la criminalización del VIH, y argumentó que este artículo dejaba al arbitrio de la autoridad investigadora decidir que enfermedades serán consideradas como graves y cuales no, yendo en contra del principio de legalidad, que implica que los delitos no pueden ser indeterminados o ambiguos.

En este caso, indicó el ministro, la redacción de articulo no establecía si las ITS son únicamente aquellas consideradas graves o cualquiera sin importar su gravedad.

A su vez, las y los ministros determinaron que la resolución tiene un efecto retroactivo, es decir, que aquellas personas juzgadas bajo el delito establecido por este artículo, las resoluciones quedan invalidadas.

Antecedentes

El 4 de agosto de 2015, el Congreso del  Estado de Veracruz aprobó la modificación al artículo 158 del Código Penal de la entidad, denominado “Del Contagio” a fin de adicionar el término Infecciones de Transmisión Sexual, que no estaba considerado originalmente en el documento.

Entre dichas infecciones se contempla al VIH y al virus del papiloma humano y se establece una pena que va de los 6 meses a los 5 años de prisión y multa de hasta 50 días de salario para quien “dolosamente” infecte a otra persona de alguna enfermedad de transmisión sexual.

La reforma, presentada por la diputada Mónica Robles Barajas del Partido Verde Ecologista de México, tenía la finalidad de “tratar de prevenir la transmisión de dichas infecciones, principalmente a las mujeres y las niñas que se encuentren en condición de vulnerabilidad…”

Acción de inconstitucionalidad

Ante los hechos, el 16 de febrero de 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, respondió a la petición del Grupo Multisectorial en VIH/sida e ITS del estado de Veracruz y otras organizaciones de la sociedad civil, e interpuso  una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para la CNDH, el nuevo contenido del artículo 158 del Código Penal del Estado de Veracruz “genera  un  trato discriminatorio  en  perjuicio de las personas, ya que al tipificar como delito la  puesta  dolosa en peligro de contagio de enfermedades, genera dos supuestos: que se trate de  infecciones de transmisión sexual y que se trate de enfermedades graves”.

Además que no cumple su objetivo de prevenir la transmisión de infecciones sexuales hacia mujeres y niñas, por encontrarse en condiciones de vulnerabilidad,  sino que provocó una diferenciación basada en el padecimiento de  cierto  tipo  de  infecciones,  en  este  caso  de  transmisión sexual, y calificarlas como graves, hecho que no es real, pues no todas las infecciones de este corte son graves.

Respaldo internacional

En octubre de 2016, la Red Justicia por VIH en todo el Mundo entregó una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar la admisión del recurso legal tomando en cuenta que “no hay evidencia de que criminalizar la exposición potencial o percibida al VIH o ITS beneficie la prevención; sin embargo, hay serias preocupaciones de que la criminalización puede causar un daño considerable”.

La misiva señalaba que las leyes que criminalizan al VIH afectan los derechos de las personas con VIH porque provocan confusión y miedo sobre obligaciones en virtud de la ley; generan fallas en los sistemas de justicia, a menudo como resultado de una representación legal inadecuadamente informada y competente; surgen amenazas que desencadenan el enjuiciamiento como medio de abuso o represalia contra una pareja actual o anterior; las investigaciones policiales son desproporcionadas e insensibles, pudiendo provocar estigma y discriminación, y propicia condenas y sanciones desproporcionadas.

Por tanto, argumentaron los representantes de las diferentes organizaciones civiles, una ley como la de Veracruz no protege a las mujeres contra la coerción o violencia que realmente incrementa el riesgo de transmisión de VIH y  coloca a las mujeres viviendo con VIH, especialmente aquellas en posiciones vulnerables y relaciones abusivas, en riesgo desproporcionado tanto de procesamiento, como de violencia.

Además, el miedo al procesamiento judicial puede desalentar a las personas, especialmente a aquellas pertenecientes a poblaciones altamente vulnerables al VIH, de examinarse y conocer su estatus, porque muchas leyes se aplican sólo a quienes son conscientes de su estatus seropositivo e impide el acceso a la atención y tratamiento porque las historias clínicas pueden ser usadas como evidencia en su contra en las Cortes.

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