Leonardo Bastida Aguilar

Ciudad de México a 18 de octubre de 2018

Debido a que el Código Civil para el Estado de Veracruz no prevé un procedimiento específico para la modificación de actas de nacimiento con motivo de un proceso de reasignación sexogenérica, la ministra y los ministros integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron otorgar el amparo 1317/2017 para permitir la modificación de su acta de nacimiento a una persona trans que acudió a solicitar dicho trámite.

El amparo fue interpuesto por una persona que acudió ante el Registro Civil de la entidad para solicitar el reconocimiento de su identidad género en su acta de nacimiento pero se le negó dicha posibilidad al argumentarse que el trámite no estaba contemplado en la legislación civil local.

De acuerdo con el proyecto de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, la parte inconforme argumentó que ante la falta de regulación de dicho procedimiento, se propicia un trato discriminatorio indirecto, y por tanto, los artículos del Código Civil referentes a los procedimientos de rectificación o modificación de actas de nacimiento son inconstitucionales.

A su vez, las disposiciones actuales del código no garantizaban los derechos de igualdad y no discriminación, pues los procesos vigentes no aseguran a las personas trans la obtención de una nueva acta de nacimiento por reasignación sexogenérica, entre otras cosas, por la necesidad de tener que realizar dos trámites, uno ante las autoridades jurisdiccionales y otro ante las autoridades administrativas, cuando en localidades como la ciudad de México, el trámite es meramente administrativo.

Como parte de la argumentación a favor del amparo, la ministra recordó que hace 10 años, la Corte estableció, por medio de la discusión del amparo directo 6/2008, que “si no se permite una adecuación integral de la identidad de género mediante expedición de nuevos documentos de identidad, se obligaría a las personas trans a mostrar un documento con datos que revelarían su condición de transexual, sin el pleno reconocimiento de la persona que realmente es, generando una situación tortuosa en su vida cotidiana, lo que indudablemente afecta determinantemente su estado emocional o mental y, de ahí, su derecho a una salud integral”.

También, recordó que el tribunal supremo del país ya ha publicado la tesis P. LXXIV/2009 referente a la reasignación sexual, cuyo contenido señala que “no existe razonabilidad para limitar los derechos fundamentales de una persona transexual, impidiéndole la adecuación de sus documentos de identidad, bajo el pretexto de preservar derechos de terceros o el orden público”.

En su proyecto, la ministra Piña precisó que “el cambio de nombre y en general la adecuación de los registros públicos y de los documentos de identidad para que éstos sean conformes a la identidad de género auto-percibida constituye un derecho protegido tanto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos como por la Constitución”.

A fin de garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la ministra y los ministros concluyeron que el procedimiento idóneo para la realización de dicho trámite debe ser meramente administrativo, “enfocado a la adecuación integral de la identidad de género auto-percibida”  y debe estar basado “en el consentimiento libre e informado del solicitante sin que se exijan requisitos como certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que puedan resultar irrazonables o patologizantes”.

Además de que las modificaciones deben ser confidenciales por lo que  “los cambios, correcciones o adecuaciones en los registros y los documentos de identidad no deben reflejar los cambios de conformidad con la identidad de género pero deben tomarse medidas a fin de evitar defraudar a terceros”, y el trámite debe ser expedito, y si fuera posible, gratuito, además de no “exigir la acreditación de operaciones quirúrgicas y/o hormonales”.

Por su parte, más de 30 organizaciones, activistas y colectivas, a través de un amicus curae,  señalaron que el proyecto aprobado “facilita el ejercicio efectivo de derechos y permite que muchas más personas puedan acceder al cambio de sus documentos conforme a los más altos estándares en materia de derechos humanos”.

Jessica Marjane Durán Franco de la Red de Juventudes Trans México señaló que ante los altos índices de crímenes de odio hacia las personas trans es necesario  que uno de los primeros pasos para erradicarlos es el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans así como la garantía de su derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Ari Vera Morales de Almas Cautivas comentó que la resolución sentará precedentes para que otros estado de la República revisen sus legislaciones civiles.

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