Redacción

Ciudad de México a 5 de abril de 2018

Tras haber sufrido un acto de violencia sexual, Marimar, una joven de 17 años, radicada en Morelos, acudió al Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres” para solicitar que le practicaran una interrupción legal del embarazo. Sin embargo, su caso fue turnado al Comité de Bioética del nosocomio, y este resolvió que no llevarían a cabo su petición.

Ante los hechos, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire) brindó el acompañamiento legal a Marimar y a su madre, quienes decidieron presentar una demanda de amparo en contra del hospital, pues de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 046 y la Ley General de Víctimas, la interrupción de un embarazo debe permitirse en casos donde la mujer fue víctima de violencia sexual.

A pesar de dichos argumentos, en una primera instancia, un juez federal no se pronunció sobre la solicitud de interrupción del embarazo. Contra esta resolución, Marimar interpuso un recurso de revisión y el caso fue atraído por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el ministro Fernando Franco realizó la ponencia correspondiente.

El día de ayer, el máximo tribunal discutió la ponencia y por unanimidad determinó conceder el amparo a Marimar, reconociendo que negar el servicio médico de interrupción del embarazo producto de una violación sexual, constituyó una violación a sus derechos reproductivos, y por ende, a sus derechos humanos. Dicha sentencia, es la primera en su tipo en la historia jurídica del país, resaltaron integrantes de Gire tras conocer el fallo de la Corte.

En su resolución, la ministro y los ministros integrantes de la Segunda Sala indicaron que decidieron otorgar el amparo a Marimar y sus padres debido a que el embarazo derivaba de una violación sexual, además de que el producto presentaba una alteración congénita grave. Por tanto, la decisión tomada en el Hospital “se traduce en una violación grave de derechos humanos que coloca a la parte quejosa en un estado de vulnerabilidad suficiente para reconocerles el carácter de víctimas –directa e indirectas-“.

En el resolutivo, la Corte  determinó que las autoridades sanitarias a quienes acudan mujeres que han sido víctimas de una violación sexual y están embarazadas, producto de dicho acto, deben atender su solicitud, a fin de no permitir que las consecuencias físicas, psicológicas, y otras, derivadas de la agresión sexual se sigan desplegando en el tiempo. Parte de esas soluciones son llevar a cabo la interrupción legal del embarazo en caso de que así se solicite, tal y como lo establece la NOM-046-SSA2-2005.

Por tanto, el tribunal estableció que “las autoridades de salud correspondientes no pueden implementar mecanismos –ni políticas internas- que impidan se materialicen los derechos de aquellas mujeres que han sido víctimas de una violación sexual y cuyo deseo es interrumpir el embarazo producto de dicho acto delictivo”.

En el caso específico de Marimar, la demanda de amparo resalta la obligación, de acuerdo con la Ley General de Víctimas, de reparar las violaciones de derechos humanos que sufrieron Marimar y su familia, de manera oportuna, integral y efectiva.

A través de un comunicado de prensa, Gire calificó la resolución como “relevante” pues, de acuerdo con el informe Violencia sin interrupción, elaborado por la misma organización, las violaciones a derechos humanos y los obstáculos que viven las víctimas de violencia sexual son una constante en todo el país.

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