Redacción NotieSe

Aunque la legislación en México establece que el aborto por violación es legal en todo el país, las víctimas de violación enfrentan serios obstáculos para acceder a la interrupción legal del embarazo debido a que las autoridades no cumplen las leyes vigentes en los estados de la República mexicana, señalaron integrantes de la  Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir que trabajan en el Estado de México.

En conferencia de prensa, las integrantes de la Red perteneciente a la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir explicaron que a partir de la modificación de la Norma 046, que elimina el requisito de la denuncia de la violación ante el Ministerio Público, se siguen usando argumentos legales, se aduce falta de información, o se recurre a un uso inadecuado de la objeción de conciencia para negarse a atender a las mujeres que recurren a los servicios solicitando la interrupción legal del embarazo.

Recordaron que hace 10 años, Human Rights Watch, a través de su informe Víctimas por partida doble: Obstrucciones al aborto legal por violación en México se señaló que  las mujeres que han sido violadas y que resultan embarazadas son víctimas por partida doble; la primera vez por el perpetrador de la violación, y la segunda por los funcionarios públicos que las ignoran, las maltratan y les niegan el acceso a un aborto legal.

Sin embargo, a una década de distancia, el panorama no es muy distinto, afirmaron, ya que las autoridades estatales siguen revictimizando a las mujeres que acuden al Ministerio Público o al sector salud al negarles el acceso al aborto legal al poner en duda que las mujeres y niñas han sido violadas, alargando el proceso de atención para que avance el tiempo de gestación y el aborto resulte una decisión y una experiencia más complicada, e infundiendo miedo a las mujeres, al afirmar que el aborto trae consecuencias como esterilidad, perforación del útero o muerte o daños psicológicos graves.

Y advirtieron que la situación se complica aún más en el caso  de niñas y adolescentes.

Ante la situación, las activistas exigieron al gobernador mexiquense, Eruviel Ávila Villegas, al secretario de salud, César Nomar Gómez Monge, y a la secretaria de educación, Ana Lilia Herrera Anzaldo: garantizar el acceso de mujeres, adolescentes y niñas a servicios de interrupción legal del embarazo; sancionar a las autoridades que por prejuicios o por cualquier otro motivo las re-victimicen y les nieguen el acceso al aborto legal por las causales establecidas en la legislación local, e implementar la Norma 046, pues,  de lo contrario, estarían cometiendo una grave violación a los derechos humanos de mujeres y niñas al forzarlas a continuar con un embarazo producto de una violación.