Leonardo Bastida Aguilar

Más de 18 meses fue el tiempo que le tomo a Lorena y a Karla lograr el reconocimiento legal de su familia en Yucatán. Primero, tuvieron que obtener un amparo para que el Registro Civil reconociera su matrimonio, pues en la entidad no se ha legislado en materia de matrimonio igualitario, y posteriormente, tuvieron que emprender un nuevo proceso para obtener el registro de su hijo en el que se reconocería a ambas como sus madres y pudiera llevar sus apellidos.

En enero de 2014, tras celebrar su matrimonio, explicó Jorge Fernández, abogado de Indignación A.C. e integrante de la red nacional de abogados y promotores del Consultorio Virtual Arturo Díaz Betancourt, ellas decidieron someterse a un proceso de inseminación artificial para poder conformar una familia. El resultado fue su hijo, quien nació en noviembre de 2014, hijo biológico de ambas.

Después del nacimiento, acudieron al Registro Civil de Yucatán a registrarlo, sin embargo, al solicitar el trámite, los encargados de la oficina les indicaron que en las leyes no está contemplada la posibilidad de que un menor tenga dos mamás.

Por esa razón, en febrero pasado, bajo la asesoría de Fernández, solicitaron un amparo a fin que su hijo pueda ser registrado por ambas, y no solo por una, como se los habían sugerido en el Registro Civil, “a fin de agilizar el trámite”.

Casi cuatro meses más tarde, el 10 de junio pasado, un juez de distrito les concede el amparo bajo el argumento de que el Registro Civil le negó a Karla y a Lorena la posibilidad de conformar una familia y fueron discriminadas, y por tanto, determinó que el Registro Civil tenía que registrar al hijo de Karla y Lorena, con los apellidos de ambas y reconociendo la filiación de ambas.

Así, el 26 de junio se logró el registro del hijo de Lorena y Karla, el primero en la entidad reconocido legalmente como integrante de una pareja de personas del mismo sexo, y a partir de allí, el Registro Civil yucateco modificó su papelería para que no se vuelva a repetir la situación, en atención a la resolución judicial, a fin de poder colocar los apellidos de los padres o madres y reconociendo su filiación.

Para el abogado, el caso de Lorena y Karla es un claro reflejo de cómo en muchas entidades del país las parejas conformadas por personas del mismo sexo deben judicializar el acceso a sus derechos.

Sin embargo, reconoció que el hecho de haberse modificado la papelería oficial no implica que en el Registro Civil permitan, de manera inmediata, el registro de otros menores, aunque si se facilita el camino porque la documentación oficial ya no es un pretexto.

Por tanto, afirmó que lo más importante para que haya cambios verdaderos en la materia es la reforma de las leyes locales en cuyos contenidos se prohíbe los matrimonios entre personas del mismo sexo o en los procedimientos para la adopción de menores o registro de los mismos ante las instancias locales.

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