Redacción

Ciudad de México a 7 de marzo de 2018

Ante dichos como que “El Instituto Nacional de Desarrollo Social, Indesol, carece de atribuciones para realizar actividades de promoción y divulgación del aborto”, externados por la titular de dicho organismo, Leticia Montemayor Medina, tras haber dialogado con integrantes del Frente Nacional por la Familia con respecto al Objetivo Específico 4 de la Convocatoria para el Programa de Coinversión Social de este año, relacionado al aborto e interrupción legal del embarazo, organizaciones de la sociedad civil refirieron estar “preocupadas” por la situación.

Por medio de una carta, más de 50 organizaciones externaron su extrañamiento por su postura a la titular del Indesol y le indicaron que el Objetivo Específico 4 representa “un cambio de paradigma a favor de los derechos sexuales y reproductivos en el país”.

De igual manera, a través del documento recordaron que el Instituto tiene como parte de sus objetivos “contribuir a la erradicación de las causas y todas las manifestaciones de violencia contra la mujer, y fomentar una cultura de respeto a la equidad de género y a la inclusión social, mediante la transversalización de la perspectiva de género en los planes, programas y proyectos del sector social” por lo que las declaraciones vertidas “van en sentido contrario de la visión y objetivos del instituto” y apuntan hacia la discriminación.  

 La misiva explica que el aborto es un procedimiento médico que sólo se practican mujeres, por lo que negar que se realicen acciones para garantizar su acceso, sería discriminación por género, e igualmente, negar servicios de aborto seguro significa negar el derecho al más alto nivel alcanzable de salud, el derecho a la intimidad, el derecho a la información, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a ser libre de tratos crueles, inhumanos o tratos degradantes, el derecho a gozar de los avances científicos y el derecho a tomar decisiones sobre la capacidad reproductiva.

Las organizaciones firmantes argumentaron que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que  “todas las personas gozarán de los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”, por lo que los derechos sexuales y reproductivos también deben ser reconocidos como derechos humanos.  Además de que el artículo 4 constitucional “garantiza el acceso de toda persona a derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos e hijas y a la protección de la salud”.

Añadieron que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, determinando que la ley que despenaliza el aborto hasta las 12 semanas en la Ciudad de México es constitucional, y por tanto, es un estándar a seguir para garantizar los derechos humanos de las mujeres en el país. Sumado a que  el aborto es legal en todo el país de acuerdo a las causales legales que existen en cada entidad federativa, y que en 2016, la Secretaría de Salud publicó la modificación al numeral 6.4.2.7 de la NOM-046 para quitar el requisito de la autorización para acceder al aborto por violación, lo que significa que las personas no tienen que acudir a un Ministerio Público o a algún órgano de impartición de justicia para poder acceder a un procedimiento de aborto legal en caso de violencia sexual en todo el país.

Para las organizaciones, “los derechos humanos no son favores ni concesiones, sino fundamentos normativos para proteger a las ciudadanas y por consiguiente son universales, inalienables, irrenunciables, intransferibles, imprescriptibles e indivisibles” y la promoción y garantía del acceso a aborto legal, seguro y gratuito es un imperativo para alcanzar la igualdad, la no discriminación y el bienestar de las personas a las que Indesol y el gobierno tienen la responsabilidad de atender.

A partir de la publicación de la convocatoria de programas de coinversión de Indesol con organizaciones de la sociedad civil, el pasado 30 de enero, organizaciones a favor del “derecho a la vida” de diferentes entidades federativas han cuestionado, a través de manifestaciones, que dentro de los recursos a otorgar dentro de dicha convocatoria se contemple la posibilidad de apoyar a proyectos para promover la interrupción legal del embarazo libre y segura.

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