Leonardo Bastida Aguilar

Con la finalidad de evitar un retroceso en materia de acceso a educación sexual a raíz de la presentación de diversas iniciativas en los estados para que sean los padres y madres de familia quienes decidan si sus hijas e hijos pueden o no tomar clases y participar en actividades sobre el tema, 18 organizaciones de la sociedad civil de diferentes partes de la República Mexicana conformaron el Colectivo Artículo 3.

A través de conferencia de prensa virtual, las organizaciones integrantes del Colectivo señalaron que es urgente desechar todas las iniciativas referentes al pin parental , derecho preferencial de los padres sobre la educación de sus hijos o a la incorporación de la perspectiva de familia a los contenidos educativos y legislar con base en lo establecido por la Constitución Política de nuestro país y los tratados internacionales reconocidos por el gobierno mexicano, entre ellos, la Convención sobre los Derechos del Niño.

De acuerdo con información proporcionada por las agrupaciones, este tipo de iniciativas para modificar los artículos referentes a la educación en las constituciones locales aún están pendientes de discusión en los congresos de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México y Guanajuato. En Nuevo León, ya se rechazó y se intenta volverla a discutir. Y en Aguascalientes, la iniciativa fue aprobada en mayo pasado, y actualmente, fue interpuesta una acción de inconstitucionalidad por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Al respecto, Marcela Villalobos, presidenta de Amnistía México señaló que lo anterior representa un retroceso en materia de educación sexual y va en sentido contrario al principio de progresividad que caracteriza a los derechos humanos, en este caso, los de niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, Cristina Santana del Instituto Simone de Beauvoir, consideró que estas iniciativas contravienen a la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y a los artículos 3. 4 y 6 de la Constitución Política, en detrimento de la protección de los derechos sexuales y reproductivos y al bloqueo de las posibilidades de acceso a la información en materia de género y sexualidad.

Añadió que este tipo de medidas tienen un impacto diferenciado por género, pues nueve de cada 10 personas que son víctimas de delitos sexuales son mujeres, y de estas cuatro de cada 10 son menores de 15 años, sumado a que las tasas de embarazo en mujeres adolescentes en México son de las más altas a escala global, muchos de estos, posible producto de violación sexual y riesgosos para las niñas y adolescentes.

Además de que se ocupa un discurso de protección a la familia mientras que no corresponde a una perspectiva de derechos humanos, desde la cual se habla de familias y de la necesidad de proteger sus entornos y sus derechos.

Juan Martín Pérez de la Red por los Derechos de la Infancia en México recordó que la educación sexual ya está garantizada en el artículo 3 constitucional por lo que corresponde, a la población adulta, brindar a las generaciones de infantes y adolescentes las mejores herramientas para su bienestar y desarrollo, pero, sin olvidar, que las decisiones deben ser tomados por ellos mismos.

Engaños e irresponsabilidad

Sofía Regalado de Morras Help Morras de Aguascalientes compartió que las y los integrantes del congreso local reconocieron que aprobaron la reforma al artículo 4 de la Ley del Instituto de Educación, para establecer que madres y padres de familia deben conocer de manera previa cualquier lección académica para que ellos decidan si sus hijas e hijos la deben estudiar o descartar, sin haberla leído previamente.

En el caso de Nuevo León, Frida Soto del Colectivo Unidos por la Defensa de los Derechos Humanos, explicó que varios diputados locales decían en los medios de comunicación que la propuesta consistía en darle derecho a los padres y madres a decidir enviar a sus hijos a una escuela pública o privada.

Además de descalificar las voces de niños, niñas y adolescentes que cuestionaron la propuesta bajo el argumento de que no sabían nada porque aún no eran ni padres ni madres de familia.

El Pin Parental es una solicitud por escrito que padres, madres o tutores de menores de edad deben entregar en las escuelas a fin de permitirles participar o no en determinadas actividades educativas, entre ellas las de educación sexual, en caso de considerar que contravienen sus principios. Además de obligar a las autoridades escolares a dar a conocer el contenido de todas esas actividades para poder tomar la decisión.

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