Anadshieli Morales Celaya

Ciudad de México a 17 de marzo de 2017

Tras una semana de debate, en la que no se pudo discutir en el pleno de la Cámara de Diputados la propuesta de modificación a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que atribuiría al Sistema Nacional de Salud y a las entidades federativas la posibilidad de atender a víctimas de violencia familiar y sexual, incluyendo la facilitación de la interrupción legal del embarazo en caso de violación, ésta regresó a comisiones para ser analizada y replanteada.

Dicha iniciativa de reforma a los artículos 46, 49 y 50 de la Ley permitiría la aplicación de las normas oficiales vigentes, entre ellas, la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM) “Violencia  familiar,  sexual  y  contra  las  mujeres.  Criterios  para  la  Prevención  y  Atención”, entre cuyos puntos principales está la posibilidad de interrumpir un embarazo para menores de edad, víctimas de violencia sexual.

De esta manera, la iniciativa propuesta por la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, obligaba a cada municipio y a todas las instituciones de salud del país  a crear  programas  de capacitación y evaluación para el personal del sector salud en materia de  violencia  contra  las  mujeres  y  garantizar  la  atención a las víctimas y la aplicación de las normas oficiales vigentes, en específico, la 046, la cual deberían  promover y difundir.

Es decir, estarían en la posibilidad de facilitar la pastilla de anticoncepción de emergencia cuando una mujer afirme haber sido víctima de violación.

La polémica

Sin embargo, la propuesta sufrió diversas modificaciones como eliminar de su contenido la NOM 046 para establecer que “en caso de embarazo como consecuencia de una violación, las autoridades garantizarán la atención inmediata de servicios médicos para la víctima, en consideración a su voluntad, a su estado de salud y lo que disponga la ley”.

Además de eliminar al Sistema Nacional de Salud como responsable de la aplicación de la Norma para atribuirle dicha facultad a la Secretaría de Salud Federal, lo cual permitiría que los sistemas de salud estatales no se ciñeran a dicho cambio ni se vieran obligados a permitir la interrupción legal del embarazo.

Aunado a dichos cambios, legisladores del Partido de la Revolución Democrática, Movimiento de Regeneración Nacional y Movimiento Ciudadano denunciaron una constante presión, vía correo electrónico, para no avalar la iniciativa, y señalaron que fueron las fracciones del Partido Revolucionario Institucional, Partido Encuentro Social y el Partido Acción Nacional las que presionaron para que se modificará la iniciativa, que consideraron, perdió su sentido original.

NOM 046

En 2016, se modificó la NOM 046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM 046) para armonizarla con la Ley General de Víctimas y garantizar que una mujer o niña mayor de 12 años que resulte embarazada por violencia sexual la interrupción del embarazo (ILE) en cualquier institución del Sistema Nacional de Salud, sin necesidad de una denuncia por violación, autorización por parte de ministerio público o juez o bien, padre, madre o tutor.

Este nuevo modelo de atención cubre diversos aspectos como la prevención de la violencia familiar y sexual desde el ámbito médico para el reconocimiento de dicha violencia, atención médica integral con perspectiva de género para comprender el problema de la violencia, detección oportuna de casos de violencia familiar y sexual en pacientes ambulatorios u hospitalarios, capacitación y sensibilización a servidoras y servidores públicos para un mejor ejercicio de la atención médica, sicológica y jurídica, servicios de salud sexual y reproductiva libre de prejuicios y notificación de casos de acuerdo con el formato establecido en la ley para efectos de procuración de justicia.

De acuerdo con el numeral 6.4.1 de la Norma “los casos de violación sexual son urgencias médicas y requieren atención inmediata, por lo que bajo ninguna circunstancia, pretexto o causal se debe de impedir la atención para interrumpir un embarazo a la mujer o niña que desee el servicio”.

Así mismo, este modelo toma como base importante el dicho de la mujer, es decir, bajo el principio de buena fe, se da cuenta y se toma como verdad el testimonio por escrito de la mujer para que pueda interrumpir el embarazo sin mayores requisitos. Con excepción de las menores de 12 años, en cuyo caso, el padre, madre o tutor deben de autorizar la ILE.

Respecto a lo anterior, la objeción de conciencia no se hace presente, pues en todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud deben de contar con personal médico no objetor de conciencia, según lo establecen los numerales 6.4.2.8 y el 6.4.2.7, cuyo contenido indica:  “las instituciones públicas de atención médica, deberán contar con médicos y enfermeras capacitados no objetores de conciencia. Si en el momento de la solicitud de atención no se pudiera prestar el servicio de manera oportuna y adecuada, se deberá referir de inmediato a la usuaria, a una unidad de salud que cuente con este tipo de personal y con infraestructura de atención con calidad”.

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