Leonardo Bastida Aguilar

Fue en diciembre de 2010 cuando el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) solicitó la emisión de una declaratoria de alerta de género en el Estado de México, entidad donde, entre 2005 y 2010 se habían registrado 922 casos de presuntos feminicidios. La respuesta por parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el gobierno estatal, en ese entonces encabezado por Enrique Peña Nieto y después por Eruviel Ávila fue el silencio, la negación o reconocer que “había cosas más importantes por hacer”.

A esos 922 presuntos feminicidios, se han sumado 535 mujeres asesinadas en la localidad entre 2012 y 2013, tres millones 51 mil 761 mujeres mexiquenses agredidas, cuatro mil 855 violaciones sexuales y dos desapariciones de mujeres al día así como la omisión por parte del gobierno mexiquense para cumplir sentencia judiciales en la que se determinaba la necesidad de emitir la declaratoria de alerta de género, la ineficacia del Grupo de Trabajo conformado para investigar la problemática, que a más de un año no ha dado a conocer los resultados de su investigación, y la dilación de la Procuraduría General de Justicia local para dar cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al feminicidio

En ese contexto, el día de ayer, el gobernador mexiquense, Eruviel Ávila solicitó, durante la firma de un convenio con el Instituto Nacional de las Mujeres, la emisión de una declaratoria de género en territorio mexiquense para 11 municipios (Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco), haciendo la aclaración, que la entidad bajo su gobierno no ocupa los primeros lugares en materia de feminicidio y violencia hacia las mujeres.

Más vale tarde…

Para María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, es importante que el gobernador, después de 5 años, a pesar de que es tardío, reconozca la presencia en la entidad de una violencia estructural y sistemática que deriva en una violencia feminicida.

Sin embargo, aclaró, los gobernadores no están facultados para solicitar la alerta de género, quienes están facultadas son las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Añadió que si hubieran tomado la medida hace cinco años, se hubieran evitado muchos asesinatos y desapariciones de mujeres. “Eso lo hemos venido denunciando desde hace años, la situación que ha puesto en riesgo la vida y la integridad de las mujeres”, agregó.

Para la también maestra en derechos humanos y democracia, la situación es una oportunidad de los gobiernos para corregir y priorizar las políticas públicas en materia de atención, prevención y sanción.

Las autoridades deben estar a la altura de la problemática, deben generar acciones que eviten que este tipo de violencia se siga reproduciendo. “Son situaciones graves de violaciones a los derechos humanos de las mujeres”, añadió.

De acuerdo con la activista, en caso de que se decrete la alerta, habrá que hacer vigilancia y ver cómo se puede traducir a políticas públicas de fondo para cambiar la realidad.

“Ya no hay pretexto para la dilación, que lo único que hace es poner en riesgo la vida de las mujeres mexiquenses. La mayor discriminación que puede haber hacia ellas es el feminicidio”, sentenció.

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