Por Alejandro Brito

En la Secretaría de Marina existe un patrón sistemático de discriminación hacia los marineros detectados con VIH. Ese proceder discriminatorio comienza con la imposición de la prueba de detección del virus sin el consentimiento de los marineros examinados, continúa con la baja inmediata del servicio a quien resulte seropositivo, y si es reintegrado por orden judicial, con el hostigamiento constante para forzar su salida.

El caso de un camillero que ingresó a la Marina en 1999 ilustra a la perfección dicho patrón. A los tres años de servicio activo en la Armada de México, fue diagnosticado con VIH en el servicio de urgencias del Centro Médico Naval a donde llegó con un cuadro de diarrea resistente. Le aplicaron la prueba de detección del virus sin su consentimiento, y al resultar reactivo, en noviembre de 2002 le notificaron de su baja por haber contraído una enfermedad en “actos ajenos al servicio” que, según la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, lo inutiliza para el servicio activo de las armas, y le retiraron toda prestación médica por no contar con más de cinco años de servicio. “Me dijeron que era seropositivo y ya no podía trabajar ahí, y me dieron de baja”, expone el ex camillero del Cuartel General –cuyo nombre omitimos para resguardar su identidad–, en entrevista con LetraeSe.
A partir de esa notificación, este integrante de la Marina inicia un peregrinaje jurídico –que aún no termina– por oficinas, juzgados y tribunales, donde ha presentado todos los recursos posibles en la defensa de sus derechos humanos, acompañado por el abogado Pedro Morales Aché, de la Consultoría Médico Legal, Medilex.
El hostigamiento comenzó desde un principio. Al notificarle la baja del servicio activo de la Armada de México, sólo le concedieron tres días para inconformarse. El marinero tuvo que recurrir por vez primera a la justicia federal tan sólo para conseguir, solicitud de amparo mediante, un plazo mayor de tiempo apelando a la garantía constitucional de audiencia. A partir de ahí, y luego de presentar varios escritos de inconformidad, de interponer cuatro demandas de amparo en diversos tribunales y de presentar dos recursos de revisión de sentencias judiciales favorables a medias, que le llevarían varios años de litigio, su caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que finalmente en 2011 determinó la inconstitucionalidad de la Ley referida, en la parte donde hace alusión al VIH como uno de los tipos de infecciones recurrentes “no susceptibles de tratamiento”, incapacitantes para realizar las funciones militares.
En su resolución, la Primera Sala de la SCJN calificó de “irracional” y de “medida desproporcionada” dar de baja a los militares con VIH, ya que la medida resulta “contraria a los principios de igualdad y de no discriminación por razón de salud constitucionalmente reconocidos”, en virtud de que padecer de infección por VIH sí es susceptible de tratamiento y “no necesariamente implica incapacidad o peligro de contagio” en el ejercicio de las distintas funciones de las Fuerzas Armadas. De esta manera, la SCJN ordenó la inmediata reinstalación del marinero dado de baja, resolvió que se le cubrieran los salarios caídos y mandató que se le proporcionara la atención médica necesaria.

Hostigamiento sin fin
Cuando la resolución favorable de la Suprema Corte se da, la salud del camillero se había deteriorado gravemente debido a la falta de atención médica adecuada durante los nueve años que estuvo inactivo. La notificación para presentarse al toque de diana y reincorporarse al servicio activo en la Marina lo sorprendió hospitalizado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”, donde convalecía de varios padecimientos asociados al sida.
Durante todo ese largo lapso fuera de la Marina, nuestro entrevistado tuvo que trabajar en cocinas económicas, cuidar a personas de la tercera edad y realizar otros oficios similares recibiendo a cambio retribuciones más bajas que las percibidas en la Marina. Asimismo, tuvo que buscar alternativas de atención a su padecimiento asequibles a sus bolsillos ya que no contaba con seguridad social. Cuando se presentó de nuevo en la Marina, una vez dado de alta en Neurología, ingresó directo al Hospital General Naval y ya no fue reinstalado en el cargo de camillero, donde hacía trabajos de rehabilitación, sino que fue asignado al almacén del Centro Médico Naval para realizar una labor administrativa. A partir de ahí, comenzó el hostigamiento reiterado hacia su persona. Desde el momento de su reingreso a la institución naval lo han mantenido “rebajado” a fuerza de expedirle certificados de incapacidad temporal que le han impedido incorporarse de lleno al servicio activo. “Yo sigo ‘rebajado’, trabajando sí me tienen, pero yo no hago instrucción ni hago guardias en la perimetral, me la paso todo el tiempo en el almacén”, afirma un tanto contrariado.
Además, continúa narrando el marino, su condición de seropositividad al VIH se difundió por todos lados. En la peluquería, por ejemplo, la cabo encargada “le anduvo diciendo a todo mundo que yo tenía VIH, que cómo me atrevía a cortarme el pelo ahí. Y luego ya nadie se quería cortar el pelo en ese lugar”.
Cuando se decidió a participar en las promociones para ascender de grado a las que tiene derecho todo integrante de la Marina, le fue notificado que quedaba excluido por estar “clasificado”. Su aspiración de superarse se frustró en dos ocasiones. Y a menos de un año de su reincorporación a la Marina, se le inicia un nuevo procedimiento de baja del servicio militar debido a un nuevo ingreso en el Hospital General Naval a consecuencia de los años que estuvo dado de baja sin recibir la debida atención médica, lo que obliga al marino y a su abogado a iniciar de nuevo un recurso de inconformidad para dejarlo sin efecto.
Ahora, sin justificación alguna, se niegan a renovarle la credencial que lo acredita como elemento activo de la Marina, y por ello sus padres han resultado también afectados, pues ya no pueden continuar con la atención médica que recibían como derechohabientes de la seguridad social de las Fuerzas Armadas. Su padre padece de diabetes y se ha visto en dificultades para conseguir su medicamento. Por esa misma razón, él mismo también tuvo que interrumpir durante cuatro meses su tratamiento antirretroviral.
“Ha sido un caso de discriminación reiterada en el tiempo. Hace seis meses que demandamos para que le dieran su credencial y en lugar de ello lo que hacen es hacerlo firmar un contrato laboral pero nada más por seis meses”, con toda la intención de no renovárselo y poder darlo de baja, relata el abogado Pedro Morales.

Proyecto de vida truncado
Todo este viacrucis de discriminación sufrido por el ex camillero del Cuartel General de la Marina acabó con todo su proyecto de vida. Su ingreso como marinero fue un anhelo que cumplió, y pertenecer a la Marina aún lo llena de orgullo. Pero debido a todo el desgaste físico, emocional y moral padecido, ahora lo único a lo que aspira es a la jubilación. “Yo lo que quiero es jubilarme”, afirma con seriedad el militar afectado y añade que ya nada más le faltan cuatro años para lograrlo. Pero hasta esta posibilidad también está en riesgo: ellos “quieren volver a sacarme, metiendo oficios, pidiendo todos los ‘rebajes’ para contabilizar el tiempo que tengo ‘rebajado’. Están acumulando pruebas como para sacarme”, afirma convencido.
Por todo el daño acumulado e irreparable sufrido en su dignidad personal, en su integridad psicológica, emocional y física es por lo que él y su abogado han decido demandar de nuevo e interponer ahora un juicio de responsabilidad patrimonial del Estado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa pidiendo la reparación del daño causado con motivo de toda la discriminación de la que ha sido objeto, y que le ha impedido desarrollarse. “La impresión que tenemos es que ellos van a hacer lo imposible por darlo de baja”, sostiene Morales Aché, cosa que reactivaría todo el procedimiento de demandas que implicarían otros procesos largos de cinco y hasta ocho años, según calcula el abogado litigante, quien ha logrado, con perseverancia, ganar en los tribunales decenas de casos de militares dados de baja por tener VIH.
Mientras tanto, nuestro entrevistado dice contar con el apoyo de sus compañeros y eso le da fortaleza para continuar con los litigios. La pregunta es si la Armada de México, tan desinteresada en los derechos humanos, le permitirá seguir portando la guerrera tipo marinera, el clásico birrete blanco y el pañolón negro o lo despojará de nuevo del uniforme sin miramiento alguno.

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