Redacción

Ante la dilación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua para entregar el cuerpo de la activista trans Mireya Rodríguez Lemus a sus familiares por 11 días y el haber cuestionado su identidad de género a pesar de contar con toda la documentación legal que le acreditaba, familiares, integrantes de Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses y organizaciones de la sociedad civil exigieron la investigación del caso libre de prejuicios y transfobia.

En conferencia de prensa, Jesús Rodríguez, padre de Mireya, indico que en estas dos semanas, si bien él y su familia han recibido apoyo por parte de algunas instancias de gobierno, tampoco ha tenido acceso a mucha información sobre las investigaciones, pues, incluso, se enteró de los sucesos por llamadas de las compañeras de su hija, y no de las autoridades.

Mayte Regina Gardea, directora de Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses, aseguró que incluso, aún muerta, Rodríguez Lemus fue víctima de discriminación, pues en el ministerio público cuestionaron que sus genitales no correspondieran con su identidad de género, a pesar de que su identidad legal era de mujer.

La activista responsabilizó a las autoridades gubernamentales, a las personas tomadoras de decisiones, a diputados y a senadores por no implementar acciones de protección a las personas trans por lo que exigió la reforma a las diferentes leyes vigentes a fin de que se les reconozcan sus derechos.

E indicó que a raíz de los hechos, ella y otras mujeres se sienten vulnerables y temen ser víctimas de acciones violentas o de transfeminicidios.

Más casos

Alejandro Brito Lemus, director de Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana, refirió que no hay registros oficiales de asesinato en contra de mujeres trans, sin embargo, conteos realizados por organizaciones de la sociedad civil, como la que dirige, revelan que en Chihuahua, entre 2017 y el 2 de septiembre, día que se encontró el cuerpo de Mireya, se ha registrado 30 asesinatos de personas LGBTI+, y uno más, en Ciudad Juárez, después de los sucesos.

Añadió que el año pasado, ocurrieron 20 de estos crímenes, ubicando a la entidad como el segundo lugar nacional de asesinatos motivados por prejuicio de orientación sexual o identidad de género, después de Veracruz, siendo las personas trans, las más perjudicadas.

El también periodista indicó que si estos crímenes no se investigan y no se identifica a los agresores, se genera un mensaje de impunidad, que alimenta este tipo de violencia.

Por esa razón, exhortó a la Fiscalía de Chihuahua a ceñirse al Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género, tomando en cuenta la perspectiva de género y de identidad sexual y conforme a los estándares internacionales.

Defensa de derechos humanos

Laura Hernández García, coordinadora general del Consultorio Virtual “Arturo Díaz Betancourt”, indicó que se deben agotar todas las líneas de investigación para el esclarecimiento de caso y tomar en cuenta que Mireya era mujer trans, trabajadora sexual y defensora de derechos humanos.

Recordó que Rodríguez Lemus había sido muy activa en la erradicación del trato discriminatorio de las mujeres trans, sobre todo, quienes ejercían el trabajo sexual, así como de los abusos policíacos.

Comentó que ante los hechos, se debe activar el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos para las integrantes de Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe reconocerlas como víctimas indirectas de los sucesos.

Elvira Madrid, directora de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, refirió que los sucesos son responsabilidad del estado debido a la gran cantidad de denuncias de arbitrariedades presentadas por mujeres trans trabajadoras sexuales y al nulo caso que hacen las autoridades, traduciéndose en hechos como el asesinato de Mireya.

Mariana Quintana, presidenta de Fátima IBP, exigió que los medios de comunicación y los funcionarios públicos se capaciten y se sensibilicen en el trato a las diferentes poblaciones LGBTIQ, pues suelen recurrir a prácticas discriminatorios y estigmatizantes.

Los hechos

La madrugada del miércoles 2 de septiembre fue hallado al interior de su vivienda en Chihuahua, el cuerpo sin vida de Mireya Rodríguez Lemus, activista trans a favor de los derechos humanos de las mujeres trans de la entidad, tras haberse reportado su ausencia durante varios días en espacios donde solía acudir de manera cotidiana a ejercer el trabajo sexual y a brindar apoyo a otras trabajadoras sexuales.

Mireya Rodríguez Lemus fue defensora de derechos humanos de las trabajadoras sexuales y mujeres trans y promotora de salud en VIH; fundadora de Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses A. C.; promotora del Fondo mundial para la lucha contra el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria; integrante del Consultorio Virtual Arturo Díaz Betancourt e impulsora y organizadora de los primeros Encuentros Estatales de Mujeres Trans en Chihuahua. Participo en múltiples foros y conferencias como el XVIII Encuentro Nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual organizado por Brigada Callejera de apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” y en conjunto con sus compañeras, el Consultorio Virtual Arturo Díaz Betancourt de Letra S y otras organizaciones logró que se emitiera la primera recomendación 58/2016 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua en la que se reconocía los derechos humanos de las mujeres Trans y de las trabajadoras sexuales para que las autoridades municipales de Chihuahua cesaran sus operativos arbitrarios en las zonas de trabajo sexual, en los cuales se les forzaba a aplicarse pruebas de VIH o eran sancionadas con varias horas de prisión, e implementaran el Programa “Acceso integral a la salud y bienestar para las personas trabajadoras sexuales del municipio de Chihuahua”.

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