Redacción

Lima, Perú a 7 de julio de 2017

Por primera vez, organizaciones civiles participaron en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  para exponer la situación que viven las personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual y trans (LGBT) en México, resaltando que entre enero de 2014 y diciembre de 2016, 202 personas LGBT, o percibidas como tales, fueron asesinadas en México, presuntamente, por su orientación sexual, identidad o expresión de género.

De acuerdo con datos proporcionados por las organizaciones, las cifras dadas a conocer por Letra S en mayo pasado indican que al año se presentan alrededor de 67 asesinatos de personas LGBT, con un promedio de seis al año. Del total de homicidios señalados 108 corresponden a mujeres trans (travestis, transgénero y transexuales), 93 a hombres gays u homosexuales, y uno relativo a mujeres lesbianas.

La situación se ha recrudecido en el caso de la población trans debido a que 2016 fue el primer año en el que el número de mujeres trans asesinadas fue mayor al de hombres gays. La organización civil  Centro de Apoyo a las Identidades Trans documentó siete casos de desapariciones de mujeres trans entre 2015 y lo que va de 2017.

Al respecto, las y los participantes en el la audiencia realizada dentro del 163 periodo de sesiones de la CIDH, celebrado en Lima, Perú,  señalaron que este tipo de crímenes se investigan con prejuicios, enfrentándose al estigma y la discriminación hacia este sector de la población al no seguirse el método científico en la investigación de los casos y al asumir inmediatamente que,  la única línea de investigación es la de carácter pasional.

Se puso especial énfasis en la situación de la comunidad trans que enfrenta problemas como que cuando ocurre un crimen en su contra la labor se reduce a identificar a las personas (víctimas, testigos, ofendidos o probables responsables) como parte de la comunidad, sin que ese hecho trascienda a las líneas de investigación o al desahogo de probanzas con enfoque de derechos, tampoco se consideran contextos específicos de la comunidad trans para otorgar o ejecutar medidas de protección especiales y hay obstáculos para que amigos y personas conocidas para intervenir en las investigaciones, pues se debe tomar en cuenta que las personas trans se han separado de sus familiares biológicos por rechazo a sus decisiones de vida.

Además, se denunció que los Poderes Judiciales del país, no han cumplido con la obligación de generar estadística sobre el número de justiciables de la comunidad LGBT que acceden a su jurisdicción, invisibilizando esta condición y con ello poniendo en duda la forma de incorporar en su actuar jurisdiccional los estándares de derechos humanos de protección de las personas LGBTI.

También se compartió que en un ejercicio de acceso a la información realizado por Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) se observó que a pesar de existir el Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que Involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género, sólo 14, de 32 instancias del Poder Judicial existentes en el país, afirmaron conocerlo, pero no aplicarlo ni haberse capacitado en la materia.

En cuanto al reconocimiento de derechos civiles, se expusieron las problemáticas legales concernientes al matrimonio igualitario y al reconocimiento de la identidad o expresión de género de las personas trans, debido  a que menos de una tercera parte de las entidades federativas de la República Mexicana permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, obligando a las personas a recurrir a la figura del amparo, y a la imposibilidad de las personas transexuales y transgénero de poder modificar su acta de nacimiento conforme a su identidad de género en 31 de los 32 estados del país.

Dentro de la comparecencia, se expuso que  hay omisiones en sistemas penitenciarios o ejecución de sanciones penales personas LGBT privadas de libertad, al no poner especial atención a su situación en particular; hay nulas políticas públicas para los sectores LGBT de las poblaciones indígenas; las y los migrantes LGBT, y las y los defensores de derechos humanos de la comunidad LGBT, quienes son objeto de amenazas, agresiones , homicidios, cargos penales por motivación política y encarcelamientos por organizar manifestaciones de protesta o promover el respeto por los derechos humanos.

Peticiones

Tras exponer un panorama sobre la situación de los derechos de las personas LGBT en México, se solicitó a la CIDH realizar una visita in loco (en el lugar) para examinar las formas en las que se vulneran los derechos humanos de esta población; instar al Estado a dar cumplimiento a las recomendaciones incluidas en el informe “Situación de Derechos Humanos en México”, atendiendo aquellas relacionadas con las personas LGBT; solicitar al Estado mexicano aportar en el plazo de un mes, respuesta a las preocupaciones expuestas durante la audiencia y que atienda las recomendaciones para prevenir, investigar, sancionar, reparar los casos de violencia y discriminación hacia personas LGBT.

Al Estado mexicano se exigió crear un Registro Nacional de Casos de Crímenes por prejuicio por orientación sexual, identidad o expresión de género; dar  cumplimiento a las líneas de acción previstas en el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018, relativas al combate a la discriminación y violencia por identidad y expresión de género, así como por orientación sexual; contemplar acciones con presupuesto sobre diversidad sexual en el Plan Nacional de Desarrollo en cumplimiento con la Agenda 2030; homologar los tipos penales en los Códigos de las entidades federativas que son aplicables en casos de homicidios de personas LGBT; llevar a cabo procesos de capacitación que cumpla con los estándares de derechos humanos para fortalecer las capacidades institucionales de las y los operadores de los sistemas de justicia, y de funcionarios de la Administración pública.

A la par, se demandó al gobierno mexicano diseñar y emprender mecanismos y políticas públicas dirigidos a personas LGBT desde un enfoque interseccional con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos, e instar y dar seguimiento a los gobiernos y a los poderes legislativos estatales  a realizar los cambios legislativos para el reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario.

Participaron en la audiencia José Luis Gutiérrez Román de Asilegal, Fátima Gamboa Estrella, de EQUIS Justicia para las Mujeres, Jessica Marjane, de la Red de Juventudes Trans, Laura Hernández García, coordinadora del Consultorio Virtual de Derechos Humanos y Servicios Legales Arturo Díaz Betancourt de Letra S, y  Óscar Ramírez Siordia, quien fue privado injustamente cinco años de su libertad por el homicidio de su pareja.

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