Dulce Carpio Reyes

Ciudad de México a 16 de marzo de 2017

A menos de un año de solicitar la declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado en el Estado de Veracruz, presentada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), entre otras organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) entregó un informe a la secretaría de gobierno de dicho estado, en el cual reconoce un contexto de discriminación, debido al marco jurídico y a la política pública vigente en materia de salud sexual y reproductiva que transgrede los derechos humanos de las mujeres.

En conferencia de prensa, Araceli González coordinadora de Equifonía. Colectivo por la ciudadanía, mencionó que el informe evidencia la nula información con la que cuentan las instancias gubernamentales sobre el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, por ejemplo no reporta el número de casos de mujeres que tuvieron acceso a la interrupción legal del embarazo o datos estadísticos en matera de maternidad.

No obstante, a través de diversas fuentes se pudo aproximar a la situación que se vive. Entre los datos obtenidos se supo que entre 2009 y 2013 se registraron en el estado de Veracruz, 53 mil 360 nacimientos en los que la madre era menor a los 18 años, el 22 por ciento fueron de mujeres menores de 15 años. Además, se registraron 487 partos de niñas entre los 10 y los 12 años.

Por su parte, María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del OCNF, resaltó la importancia de la elaboración de dicho documento, pues reconoce la gravedad de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, y por primera vez, la Secretaría de Gobernación notificó a los tres poderes del estado de Veracruz necesidades como: “ejercer un efectivo control de constitucionalidad y convencionalidad, garantizar la reparación integral del daño para las víctimas de violaciones a derechos humanos y por la falta de acceso al aborto legal, además de adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y en un plazo razonable, los expedientes y carpetas de investigación iniciadas por los delitos de aborto y homicidio en razón de parentesco”.

De acuerdo con las realizadoras del documento, el Informe se realizó con los más altos estándares en materia de protección a los derechos humanos de las mujeres y algunas de sus conclusiones se basan en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, establecer como causal el riesgo a la salud de las mujeres, y por último, dejar sin un plazo de aplicación la causal de aborto por violencia sexual y garantizar la aplicación de la NOM 046.

Para las organizaciones involucradas son importantes las recomendaciones realizadas pues “están a la altura de la problemática del estado de Veracruz, además de ser muy concretas y precisas, de modo que las autoridades se vean obligados a cumplirlas, comúnmente las alertas se quedan cortas y no atienden las necesidades”, agregó Estrada.

Antecedentes

Para entender la importancia del Informe, Araceli González explicó que como organización y con el apoyo del Instituto  Veracruzano de las Mujeres, se revisaron expedientes con sentencias por homicidio y homicidio en grado de parentesco cuando las mujeres habían sufrido una violación o aborto espontáneos.

La reforma al Código Penal veracruzano en 2009 eliminaba la cárcel por sentencias en libertad en el estado de Veracruz, además despenalizaba el aborto argumentando que las mujeres que lo habían practicado, tenían una incapacidad emocional al tomar decisiones, por lo que se imponían medidas educativas y de salud dados en los Centros de Mujeres Embarazadas en Situación Vulnerable. Sin embargo, se modificó en 2016 para establecer que en la entidad se “garantiza el derecho a la vida del ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte”.

La situación discriminativa hacia las mujeres sumada al poco acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva incitó a las organizaciones civiles (OCNF, Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres y comité promotor por una maternidad segura en México) a solicitar el cinco de abril de 2016 la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado.

El pasado 10 de marzo la Conavim notificó a los tres poderes del Estado de Veracruz la publicación del Informe por lo que, en un lapso no mayor a 15 días, si aceptan o no las recomendaciones de dicho informe.

Si las aceptan, el estado de Veracruz tendrá 6 meses para cumplir con dichas recomendaciones y estará aceptando su responsabilidad y manifestando la voluntad política para resolver el problema de la discriminación contra las mujeres.

En caso de no hacerlo, se declarará automáticamente la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado y se le impondría al estado de Veracruz la obligación de cumplir con las recomendaciones bajo la vigilancia del gobierno federal, del grupo multidisciplinario de seguimiento, así como de la propia sociedad civil.

En noviembre del año pasado, se decretó la alerta de género en 11 municipios del estado: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa, debido a los índices de violencia feminicida. En caso de aprobarse la de agravio comparado, sería la única entidad del país con dos alertas de género.

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