Xochitl Celaya Enríquez

Ciudad de México a 25 de enero de 2017

Con la finalidad de conocer si en el país hay un entorno seguro y propicio para defensores de derechos humanos y periodistas, Michel Forst, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó el informe preliminar sobre la “Situación de los defensores de derechos humanos en el país”, resultado de su visita a los estados de Oaxaca Chihuahua, Guerrero y el Estado de México y entrevistas con decenas de organizaciones de la sociedad civil.

Invitado por el gobierno mexicano, Forst conversó con más de 800 defensores de 24 estados distintos que manifestaron su deseo de hablar sobre de la situación que viven en el país, además visitó secretarías e instituciones estatales quienes manifestaron “voluntad y transparencia”.

Durante diez días, el relator sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos platicó con familiares de personas desaparecidas que buscan encontrar a sus seres queridos. Recordó que muchos de ellos se convierten en defensores cuando se enfrentan a estas situaciones, sin embargo, son atacados por el crimen organizado, las fuerzas policiales y la armada.

El informe presentado por Forst tiene un capítulo especial de  defensoras en donde se habla sobre los actores quienes las atacan y las formas particulares de violencia que reciben. Comentó que con base a los testimonios de mujeres activistas,  pudo reconocer que algunas sufren violencia sexual, además son amenazadas con llamadas telefónicas y mensajes electrónicos, lo cual genera afecciones sicológicas pues les argumentan que están en riesgo sus hijos o algún ser querido.

Agregó que este es un tema que se debe atender con urgencia y por ello hizo una serie de recomendaciones específicas con perspectiva de género, ya  que por la normalización de la violencia a la que se han enfrentado muchas mujeres, piden ser protegidas por personas de su mismo género y no por varones.

También señaló que quienes defienden los derechos LGBTI han enfrentado una fuerte campaña pública en su contra, lo que ha aumentado el clima de temor, además que los ataques en su contra se relacionan por la  exigencia de un mayor reconocimiento de sus derechos. Los asesinatos de activistas no son investigados como posibles crímenes de odio y tampoco se relacionan con la defensa de su trabajo.

En su reunión con defensores que trabajan en asuntos sobre educación, derechos de niñas y niños, derechos laborales y acceso a la salud, Forst escuchó testimonios de defensores que enfrentan represalias debido a su trabajo contra el abuso de menores y que enfrentan estigmatización por trabajar en el acceso a la salud para personas que viven con VIH/sida.

Dentro de los grupos de riesgo detallados en el informe, se encuentra a las y los informantes quienes al proporcionan información se ponen en riesgo porque no tienen protección y reciben represalias.

Las y los periodistas son quienes se encuentran en un riesgo elevado ya que del 2010 al 2015 se han registrado 31 investigaciones de asesinatos contra periodistas, es por ello que Forst hizo un llamado a las comisiones estatales de derechos humanos a prestar mayor atención a esta situación ya que a pesar de que hay recomendaciones internacionales no siempre se adaptan los mecanismos de protección.

Remarcó que si bien en México existe una ley que aprueba la importancia de defensores de derechos humanos y periodistas, se deben aplicar protocolos específicos para su protección ya que los mecanismos deben garantizar la seguridad de estos grupos.

Derechos ambientales

El relator informó que otro grupo de riesgo son los pueblos indígenas quienes se encuentran en la búsqueda constante de justicia y reparación de daños ambientales ya que las compañías llegan con megaproyectos y no se consulta a la comunidad. Ante ello resaltó que el poder de las empresas internacionales, vinculadas con la corrupción o lavado de dinero, violentan a las comunidades y todo su entorno.

Forst detalló que a las y los defensores de derechos ambientales no son respetados y con frecuencia son etiquetados como “ecoterroristas” que están “en contra del desarrollo”, esto  significa que no se da valor al trabajo que hacen en la sociedad civil, y por lo tanto, no son protegidos.

Recordó que de acuerdo con informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y reportes de organizaciones de la sociedad civil, en México hay alto nivel de impunidad ya que el registro arroja que se presenta en un 98 por ciento de los casos, “reconocemos que hay un alto nivel de corrupción, la tasa de impunidad se relaciona junto con  asuntos políticos y sociales”, aseguró el visitador.

En cuanto a las cifras de defensores y periodistas desaparecidos, el relator comentó que no existen números precisos ya que muchos de esas desapariciones o asesinatos no se registran, por ello puntualizó en la necesidad de un registro que permita conocer datos duros sobre la situación.

Forst aseguró que esta visita es un esfuerzo del gobierno que busca brindar  un marco legal para defender de ataques y hostigamiento tanto defensores como periodistas, ya que, de acuerdo con lo encontrado, en México hay una “tendencia de muerte” para defensores de derechos humanos.

Por esa razón, exhortó al Estado Mexicano a reconocer a las y los defensores como agentes de cambio y no como enemigos, esto es importante porque estos grupos están en riesgo, aseguró.

Este informe tiene recomendaciones específicas para los estados, gobernadores, empresas y defensores para que se eviten las violaciones a los derechos humanos y se fortalezcan las redes de protección en su campo.

“Se requiere voluntad política para dar un marco legal que garantice protección para defensores y periodistas, confío en que el gobierno mexicano tomará en cuenta las recomendaciones; sin embargo tengo la disposición de regresar para conocer la implementación de éstas”, finalizó el visitador.

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