Tras una década de relación, una pareja de mujeres lesbianas de Baja California decidió someterse a un tratamiento de reproducción asistida para tener una hija o un hijo. En agosto de 2015 recibieron la noticia de que se había alcanzado el éxito e iban a ser madres de una bebé, que nacería en abril de 2016. Debido a que en la entidad no se ha modificado el Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y para evitar tener que tramitar un amparo, acudieron al Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima para celebrar su matrimonio en febrero de 2016.

Dos meses después, el 25 de abril de 2016, se convertirían en madres. Su hija nació en el Hospital General Regional No.1 en Tijuana, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por lo que la Secretaría de Salud emitió el certificado de nacimiento respectivo y el 12 de mayo del mismo año el IMSS hizo entrega de la declaración de nacimiento en la que se establece el nombre completo de la recién nacida, así como el de sus madres , a quienes se les informó por parte del personal del IMSS que acudieran en 15 días a la Oficialía del Registro Civil, ubicada en la Delegación Municipal denominada “La Mesa”, lugar en el que se les haría entrega del acta de nacimiento.

La fecha se cumplió el 27 de mayo del mismo año.  Ambas acudieron a las oficinas del Registro Civil ubicadas en “La Mesa” para que les fuera entregado dicho documento, sin embargo, el Oficial 02 del Registro Civil del Estado de Baja California les indicó que necesitaba 10 días más ya que no contaba con el formato especial, el cual le sería enviado de Mexicali para que pudiera asentar a ambas como madres de la pequeña, ya que era el primer caso de registro de una hija con dos mamás.

Transcurrió el tiempo y entre el 14 y 15 de junio se comunicaron a la Oficina del Registro Civil para preguntar cuándo podían acudir a recoger el Acta de Nacimiento. La asistente del oficial  les indicó que aún esperaban a que les llegara por correo la paquetería que contenía el formado del acta de nacimiento. En otra llamada, les manifestó que por indicaciones de su superior les solicitaba tramitaran la legalización de su acta de matrimonio o que una de las madres se presentara a registrar a la menor como madre soltera.

Ante reiteradas negativas, el 1 de agosto dieron a conocer los hechos ante los medios de comunicación y presentaron escrito de Queja ante la Sindicatura Social del XXI Ayuntamiento de Tijuana. Días después, el 10 de agosto, presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), en la cual se abrió el expediente CEDHBC/TIJ/585/16/4VG.

La recomendación

Como resultado de la investigación se obtuvo que al negarse  el registro de nacimiento, hubo una violación al derecho a la identidad y, como consecuencia de ello, al nombre y a la nacionalidad, los cuales tienen rango constitucional, además que no hubo respeto al derecho a la familia, establecido en tratados internacionales de derechos humanos como el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” , aunado a la vulneración al derecho a la igualdad y no discriminación garantizado en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ante tales hechos, la CEDHBC emitió la recomendación 01/2017, en cuyo contenido establece que se brinde atención psicológica a las afectadas y se de reparación del daño integral que incluya una compensación; se les dé una respuesta favorable a su solicitud de registro y se adecuen los formatos de las Actas de Nacimiento utilizados en las Oficialías del Registro Civil del Estado.

Además de dar una disculpa pública a las afectadas por parte de los funcionarios señalados como responsables; emitir una circular en la que se instruya a todo el personal de Gobierno del Estado de Baja California y sus Municipios, en especial a los adscritos a la Dirección del Registro Civil del Estado, garanticen el respeto de los derechos humanos de toda persona;  dé inicio  la investigación administrativa correspondiente  y se adopten las acciones necesarias para impulsar reformas constitucionales en el estado para homologar y adecuar  la legislación en materia civil y familiar a un marco de derechos humanos.

Aunado a impartir un programa integral de educación, formación y capacitación en materia de derechos humanos que incluya temas como la violencia de género, la diversidad sexual, la no discriminación, la igualdad y una vida libre de violencia; crear un Protocolo de atención con perspectiva de género en las Oficialías del Registro Civil ubicadas en todos los Municipios del Estado de Baja California; realizar una campaña de difusión para promover el derecho a la identidad, a la igualdad y a la no discriminación , y capacitar al personal adscrito a la Dirección del Registro Civil del Estado en materia de derecho civil y procedimientos de nulidad; a efecto de evitar que se repitan juicios de valor para invalidar documentos, sin un proceso legal previo, como sucedió en este caso.

Con información de Desastre.Mx

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