Redacción

Ciudad de México a 12 de octubre de 2017

En México, 30 de las 32 entidades federativas que conforman la República Mexicana cuentan con leyes que sancionan la posibilidad de transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual  bajo la figura de “delito por peligro de contagio” por lo que especialistas de diferentes partes del país y del mundo cuestionaron la vigencia de dichas normas y el impacto negativo que tienen en la respuesta a la pandemia durante la primera jornada de trabajo del encuentro VIH no es un crimen.

De acuerdo con datos proporcionados por la organización civil Letra eSe, al menos 39 personas han sido procesadas  entre los años 2000 y 2016 por sospecha de haber transmitido una infección de transmisión sexual y/o VIH. La entidad con mayor número de registro de casos es Veracruz con 15; Sonora con nueve; Tamaulipas y Estado de México con cinco; Chihuahua con tres, y Ciudad de México y Nuevo León con un caso.

A escala global, 68 países mantienen leyes vigentes en la materia, siendo Rusia el que mayor número de procesados por dicha causa en los últimos dos años con 23 casos, señaló Edwin Bernard, coordinador global de la organización HIV Justice Network, quien añadió que, hasta el día de hoy, no hay prueba científica alguna que permita detectar quien fue la persona que infectó a otra.

El también periodista británico añadió que en la mayoría de los casos se implica a una persona con VIH con vida sexual activa que se considera, no ha hecho público su estado serológico, sin embargo, añadió Bernard, lo que ocurre es que dichos casos se procesan porque hay una percepción de una exposición potencial o percibida de la infección, pero no una prueba fidedigna de que efectivamente transmitió el virus.

Para el especialista en ética, el impacto que tienen estas leyes en las personas con VIH es sustantivo, pues se le puede utilizar como amenaza, abuso o represalia; ocasiona investigaciones policiales inapropiadas; genera sentencias desproporcionadas   e información mediática estigmatizadora, además de obstaculizar las labores de prevención del VIH.

México               

En 2015, la Cámara de Diputados de Veracruz aprobó una reforma al Código Penal local a fin de agregar al delito “del contagio” el término “infecciones de transmisión sexual” (ITS), entre las que se encuentran el VIH y el VPH, para “tratar de prevenir la transmisión de dichas infecciones, principalmente a las mujeres y las niñas que se encuentren en condición de vulnerabilidad”. La pena contemplada es de seis meses a cinco años de prisión y multa de hasta 50 días de salario mínimo para quien “dolosamente” infecte a otra persona de alguna ITS.

Ante los hechos, integrantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil, entre ellos del Grupo Multisectorial en VIH/sida e ITS del estado de Veracruz solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la interposición de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, a dos años de haber sido ingresada al máximo tribunal, aún no ha sido estudiada ni discutida.

Al respecto, Patricia Ponce, integrante del Grupo, consideró que si en la Corte no se logra revocar la modificación al  código penal veracruzano podría generarse una “desbandada” para aprobar leyes y reformas que criminalicen al VIH.

En San Luis Potosí, el gobernador, Juan Manuel Carreras López,  propuso una serie de reformas al Código Penal entre las que incluyó la creación del artículo 182 bis, para sancionar a “la persona que a sabiendas de que es portadora de una enfermedad de transmisión sexual u otra enfermedad grave en periodo infectante ponga en peligro de contagio la salud de otra persona por medio de relaciones sexuales u otro medio transmisible”, petición que, al final, fue rechazada.

De acuerdo con, Alberto Macías Narváez integrante de “Amigos Potosinos en Lucha contra el Sida”, la medida fue presentada como una política pública a favor de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer cuando, en realidad, pudo haber derivado en una disminución de la detectabilidad del virus y generar temor entre la población en general.

En Quintana Roo, el próximo 20 de octubre se discutirá una propuesta de reforma al artículo 113 del código penal local, presentada por la diputada del Partido de la Revolución Democrática, Laura Beristaín,  que busca sancionar hasta con 25 años de cárcel a quien transmita el VIH.

De acuerdo con Edgar Mora, del Círculo Social Igualitario de Quintana Roo, la modificación al artículo en cuestión provocará que el “delito por peligro de contagio”, sancionado con de seis meses a un año de prisión, que alcanzaba fianza, se convierta en un delito grave que siempre amerite prisión.

Para Sean Strub, director ejecutivo de Sero Project, la aprobación de este tipo de leyes indica que las personas con VIH representan una “subclase”, como un grupo de ciudadano con menos derechos que los demás.

Asimismo, externó que la idea de sancionar a quienes transmiten el VIH ha ido en aumento e incluso se le ve como una medida positiva en contra de la pandemia cuando, en realidad, es una acción en detrimento de las labores de prevención.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*