Redacción

Ciudad de México a 29 de marzo de 2017

Ante la resolución del Juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito de Veracruz, Anuar González Hemadi, quien dejó sin efecto el auto de formal prisión dictado el pasado 23 de enero en contra de Diego Cruz Alonso, uno de los jóvenes participantes en un acto de violencia sexual tumultuaria en contra de Daphne Fernández, e integrante del grupo conocido como Los Porkys de la Costa de Oro, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) cuestionó dicha medida.

En su dictamen, el juez argumentó que Cruz Alonso “le tocó los senos, le metían sus manos debajo de la falda y le introdujo sus dedos por debajo del calzón y se los introdujo en la vagina”, pero, según el jurista, el acusado no tenía una intención lasciva o de “copular”. Por lo que concluyó que no lo considera acto sexual, pero sí como un roce o frotamiento incidental.

Además, señaló que la víctima, en aquella época de 17 años, no se encontraba indefensa por lo que no se podía culpar a Diego Cruz de haber cometido el delito de pederastia, pues el código penal veracruzano señala que este se comete cuando “sin llegar a la cópula. Abuse sexualmente de un menor, agraviando su integridad física o moral, aprovechándose de su ignorancia o indefensión”.

Ante los hechos, la Redim calificó la medida como un absurdo jurídico que “representa un grave retroceso en el reconocimiento y acceso a la justicia de las niñas y las adolescentes víctimas de violencia sexual y sienta un precedente que da lugar a la impunidad”.

También recordó que es obligación del Estado proteger los derechos de niñas y niños víctimas; de proporcionarles servicios jurídicos en el marco de sus derechos humanos, y tener en cuenta el interés superior del niño y la perspectiva de género en cualquier actividad vinculada con el sistema judicial.

Por esas razones, exigió a la Fiscalía del Estado de Veracruz interponer de forma inmediata el recurso de revisión, de la resolución emitida por el Juez Anuar González Hemadi, así como iniciar una investigación inmediata sobre su independencia y capacidad jurídica para ejercer un cargo de alta responsabilidad que está en duda con este tipo de sentencias.

Al Tribunal Colegiado, realizar un análisis exhaustivo con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género del expediente de la adolescente víctima de violencia sexual tumultuaria, que garantice el acceso a la justicia, reparación del daño y sanción a todos los responsables.

Al Gobierno del Estado de Veracruz desarrollar inmediatamente acciones concretas de prevención y detección de casos de abuso sexual que han recibido la protección de autoridades y jueces corruptos.

Además de brindar acceso inmediato ​a la justicia, apoyo psicológico y protección a víctima y sus familiares, tomando medidas cautelares que eviten su revictimización o afectaciones a su integridad.

Por la tarde, colectivas feministas se apostaron a las afueras de la representación del estado de Veracruz en la Ciudad de México para exigir Justicia para Daphne y cuestionar el accionar de las autoridades judiciales veracruzanas.

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