Redacción

Ciudad de México a 23 de octubre de 2017

A lo largo de dos días, 11 y 12 de octubre, abogados, defensores de derechos humanos, especialistas y académicos de diferentes partes del mundo y del país se reunieron en la ciudad de México para debatir el impacto que tienen las leyes que penalizan la transmisión del VIH en la respuesta contra la epidemia y en el respeto a los derechos humanos de las personas que viven con el virus.

Bajo el título de “VIH no es un crimen”, el encuentro se focalizó en el análisis de diferentes iniciativas de reforma de leyes en varios países, y en el caso de México, en los estados de Veracruz, San Luis Potosí y Quintana Roo que buscaban penalizar la transmisión del VIH bajo cualquier circunstancia, lográndose en la legislación veracruzana, que hasta el día de hoy, está en espera de ser revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Como resultado de la reunión se conformó la Red mexicana de organizaciones contra la criminalización del VIH, que conjunta a 26 organizaciones de todo el país y cuenta con el apoyo de HIV Justice Worldwide, movimiento global para poner fin a la criminalización del VIH,  que redactó una declaratoria dirigida hacia las diferentes instancias gubernamentales encargadas de dar respuesta a la epidemia, así como a la sociedad en general.

Entre los puntos de dicho documento se exige Estado mexicano  asumir el compromiso de garantizar una respuesta al VIH integral (prevención, diagnóstico oportuno y atención integral) y resalta que no es labor de las autoridades judiciales desarrollar e implementar medidas de prevención de la transmisión del VIH.

La declaratoria también recalca que la penalización del “riesgo o peligro de contagio del VIH” o figuras análogas que aparezcan en las legislaciones de las  entidades federativas están generando más daños que beneficios en términos de impacto en la salud pública, además de impedir la garantía del respeto a los derechos humanos de las personas con VIH.

De igual manera, se señala que este tipo de normas van en detrimento de las directrices internacionales en materia de derechos humanos y no ofrecen resultados alentadores en cuanto al control y respuesta del VIH sino, por el contrario, generan mecanismos de discriminación.

Por el contrario, se considera necesaria la ejecución de  acciones que se encuentran plenamente identificadas y dirigidas a diagnosticar y garantizar la atención integral y el apego al tratamiento en entornos sociales libres de estigma y discriminación

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