Leonardo Bastida Aguilar

Ciudad de México a 25 de mayo de 2017

Por cuarta ocasión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pospuso la revisión del amparo directo 5459/2016, interpuesto por tres organizaciones de la sociedad civil,  ante la negativa del Congreso de Yucatán de modificar el Código de Familia de la entidad en materia de matrimonio y concubinato, pues, en ambos casos, establece que son uniones entre un hombre y una mujer.

Ante esa realidad legislativa, Indignación A.C., Oasis de San Juan de Dios y Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y  Educativa interpusieron una acción por omisión legislativa normativa ante el Tribunal Constitucional del Estado de Yucatán en 2014 al considerar que el Congreso local no realizaba los trabajos necesarios para eliminar el contenido discriminatorio del Código hacia personas con parejas de su mismo sexo y no se armonizaba con el artículo 1 de la Constitución Política Mexicana que prohíbe la discriminación , entre otras causas, por la orientación sexual de las personas.

La respuesta obtenida por parte del Tribunal fue que el Congreso no había legislado en la materia “debido a que no había un mandato expreso en la Constitución para normar en materia de matrimonio y concubinato igualitario”. Ante la resolución, se recurrió a las instancias federales para dirimir la situación, pero el tribunal colegiado de materia civil y administrativa del décimo cuarto circuito ratificó la sentencia, lo cual derivo en que el caso fuera atraído por la Primera Sala de la Corte.

El día de ayer, un grupo de organizaciones de la sociedad civil envió una misiva a los ministros integrantes de la Primera Sala (Norma Lucía Piña Hernández, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena), en la que señaló que el proyecto original del ministro Pardo Rebolledo  “determina otorgar el amparo y protección de la justicia federal, reconociendo que debió declararse procedente la acción por omisión legislativa, en virtud de que el principio de no discriminación y la regulación del derecho de igualdad, contenidos en los artículos 1 de la Constitución Federal y 1 de la Constitución de Yucatán, sí constituyen mandatos expresos que obligan a las autoridades a actuar para eliminar cualquier acto discriminatorio”.

Además que en Yucatán existe una Ley de Justicia constitucional que prevé la acción por omisión legislativa o normativa por lo que el Tribunal Constitucional del estado tenía todos los elementos para declarar procedente la acción presentada.

2 Comments

Alejandro Baeza Sánchez

Supongo que esa omisión legislativa y normativa en la materia mencionada, por parte del poder legislativo de Yucatán, responde a temores de los políticos a contrariar a grupos conservadores religiosos dentro de la sociedad y las mismas Iglesias. Finalmente la mayoría de los políticos buscan lucrar con los votos de las mayorías, anteponiendo su ambición pragmática.

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MARCO GRO.

PRIMERO QUE PAGUEN IMPUESTOS Y DESPUÉS DERECHOS. Incluido el derecho a divorciarse.

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