Leonardo Bastida Aguilar

Ciudad de México a 30 de agosto de 2018

En los últimos 10 años, cada día es denunciada una mujer por presunción de aborto en algún rincón del país. De las cuatro mil 446 denuncias presentadas, 228 derivaron en una sentencia punitiva hacia la mujer denunciada, por lo regular, algún período de tiempo en prisión, reveló el informe Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México del Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire).

Durante la presentación del documento, Regina Tamés, directora de Gire, resaltó que la situación es preocupante porque a las mujeres que interrumpen su embarazo se les considera como mujeres delincuentes, y no sólo son criminalizadas por aborto, sino que son sentenciadas por homicidio en razón de parentesco o infanticidio, no sólo a las que lo hacen por voluntad propia, sino a quienes tienen abortos espontáneos, quienes no sabían que estaban embarazadas y quienes tienen partos fortuitos

La abogada señaló que el texto elaborado con base a 900 solicitudes de información pública y la revisión de múltiples expedientes muestra como hasta que no se despenalice el aborto, las historias que contiene el informe van a continuar porque se le va a seguir criminalizando.

Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México refirió que las sanciones penales a mujeres que abortan, ya sea por decisión propia o por cuestiones fortuitas, es un problema en el que están atrapadas muchas mujeres, derivado de una serie de prejuicios, normas arcaicas y trato desigual a las mujeres.

Para el jurista, el escenario ideal sería la expansión del marco legal de la ciudad de México, cuyo contenido permite la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 de gestación, a todas las entidades de la República Mexicana, pues el no hacerlo constituye una permisibilidad social e institucional para la criminalización de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, ya sea de manera fortuita o intencional.

A manera de ejemplo, el también autor de Estado laico en un país religioso, indicó la contradicción que se vive en el país en la materia es tal que, mujeres de Morelos,  el estado con el código penal más punitivo en materia de aborto, pueden hacerse acreedoras a sanciones penales de años de prisión si la interrupción ocurre en territorio morelense.

El académico consideró que para lograr leyes similares a las de la capital mexicana existen diferentes rutas por seguir. La primera de ellas es impulsar reformas a los códigos penales locales, la segunda es intentar una reforma constitucional, y la tercera, llevar casos de mujeres procesadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desde ahí generar decisiones que permitan ampliar la garantía y protección de los derechos.

En tanto esto no ocurra, las leyes actuales muestran las múltiples violencias padecidas por las mujeres y las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran pues la criminalización del aborto va orientada hacia las mujeres que en la calle viven situaciones de vulnerabilidad, aseguró el investigar, quien recalcó que ese grupo lo conforman las mujeres que viven en un marco de marginalidad y de pobreza.

Por su parte, José Luis Gutiérrez Román, director de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, comentó que parte de los casos atendidos por su organización mostraron que muchas mujeres que habían tenido un aborto, ya sea inducido o fortuito tenían interiorizado que eran unas asesinas, lo cual refleja la existencia de un estereotipo de que las mujeres deben ser madres a toda costa.

Para el abogado, el tema de la criminalización del aborto indica la ausencia de políticas y servicios de salud sexual y reproductiva integral, la situación económica de muchas mujeres, los contextos de violencia que padecen así como los patrones de violencia y discriminación. Además del sufrimiento de violencia institucional predominante en los sistemas de salud y justicia que carecen de perspectiva de género y sensibilización al respecto.

Ana Laura Magaloni del Centro de Investigación y Docencias Económicas afirmó que existe un gran debate sobre hasta que punto la Constitución Política protege el derecho a decidir de las mujeres, la gran variedad de legislaciones al respecto, las cuales, todas contemplan como causal legal de aborto a la violación pero no cuando el producto presenta problemas derivados de la genética y mucho menos la situación económica.

“Causales que están admitidas en todas partes del mundo, pero en México, solo lo están de manera parcial, pues no todos los estados lo han hecho”, agregó.

Para la investigadora, el impacto que tiene la legislación en los servicios de salud muestra que en los servicios de salud reproductiva se cuestiona a las mujeres que entran con emergencias obstétricas, lo cual no ayuda a que las normas cumplan su función de resolver problemas sino, por el contrario, se crean más.

Otros datos obtenidos en la investigación indican que por año, se abren alrededor de 500 averiguaciones previas en todo el país motivadas por el delito de aborto; 83 personas en prisión preventiva, 44 mujeres y 39 hombres, y 53 en prisión definitiva, 19 mujeres y 34 hombres.

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