Rosa María Rangel Hernández

Ciudad de México a 10 de julio de 2017

A casi un año de sufrir una violenta agresión física por parte de unos vecinos, la activista y defensora de animales, Ireri Carrasco López, lamenta la inequidad en la procuración de justicia en la Ciudad de México.

En entrevista, recuerda con indignación e impotencia que en agosto de 2016,  fue víctima de una golpiza al rescatar a su perrito Ruffo, que se acercó al domicilio de un vecino por lo que fue pateado.

Sus agresores: Rafael Sojo y su hija Alexis Samantha Sojo Munguía, la golpearon hasta desfigurarle el rostro, provocándole esguince cervical de tercer grado, daño en ligamentos, así como psicológico y requerir cirugía plástica.

Tras la agresión, policías los trasladaron a la Agencia del Ministerio Público para proceder a la denuncia, sin embargo, fueron remitidos al Juez Cívico de la Agencia Novena en donde pretendían detenerla, a pesar de las lesiones.

Explica que fue presionada por los policías para que conciliara y no denunciara, no obstante, siguió con el proceso en la Agencia del Ministerio Público 9 Bis, en  Miguel Hidalgo, donde consideraron el hecho como una riña entre particulares.

Detalló que el 18 de enero pasado, la juez Elizabeth Alejandra Flores Gaytán, de la Unidad de Gestión Judicial, Número 5, del Tribunal Superior de Justicia, resolvió la vinculación a proceso penal, por considerar que si hay violencia de género.

El agresor, Rafael Sojo Jiménez interpuso un juicio de amparo, que da un revés al avance judicial.

Ireri fundó la asociación civil, Unión de Protectores de Animales que da protección, alimento, vacunas, esterilización y adopción a perros y gatos abandonados.

Ante su caso, se pronunció por una justicia libre de misoginias institucionales. Sostuvo que “necesitamos que el sistema de justicia resuelva casos con equidad de género, las mujeres no estamos contempladas en la ley, sólo si es violencia doméstica”, sentenció.

Dejo en claro que no conciliará, y continuará el juicio penal contra su agresor, Rafael Sojo, por daño moral, físico y emocional.

Su caso de protesta fue representado en performance, frente a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, en Sullivan, por activistas sociales que pertenecen a la Asociación de Arte Consciente A.C.

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