Redacción

Al ser un detonante para el ejercicio pleno de otros derechos, el derecho al acceso a la información posibilitaría que las mujeres ejerzan de manera oportuna y efectiva el derecho a la justicia ante situaciones de discriminación y violencia, señaló Rosío Arroyo Casanova,  directora ejecutiva de educación por los derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Durante una conferencia, expuso que por ello se debe potenciar este derecho a través de programas y herramientas específicas que empoderen a las mujeres y subrayó que urge poner a disposición de las mujeres el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas de una manera sencilla y práctica, porque es la forma de ejercer casi la totalidad del resto de los derechos.

Agregó que esto debe ser una constante que se trabaje de forma transversal en todas las instituciones públicas, con la finalidad de garantizar la igualdad y la equidad como generalidad, no como una concesión hacia las mujeres.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de su informe Acceso a la Información, violencia contra las mujeres y administración de justicia, recomendó a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, entre ellos México, a asegurar  el  acceso  de  las  mujeres  víctimas  de  violencia  a  los  expedientes  judiciales  de  sus  casos  pendientes  ante  la  administración  de  justicia,  durante  todas  las  etapas  del  proceso  y  sin  restricciones.

Así como promover  la  difusión  masiva  de  información  sobre  los  derechos  humanos  de  las  mujeres  y  las  vías  para  hacerlos  efectivos,  los  mecanismos  de  protección  disponibles  para  las  mujeres  en  potencial  riesgo  de  sufrir  violencia y las formas de acceder a ellos,  como pueden ser programas de asistencia legal gratuita  disponibles     para     las     mujeres     víctimas  de     violencia     y     discriminación y  otros mecanismos de atención.

Aunado a la necesidad de generar información en materia de violencia de género y discriminación hacia las mujeres,  aún escasa en los diferentes países de la región, desde diferentes ámbitos, desde la evaluación de políticas públicas hasta la compilación de información para la elaboración de diagnósticos y registro de casos provenientes de distintas  instancias judiciales para elaborar indicadores y crear sistemas integrales que generen bases de datos.

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