Leonardo Bastida Aguilar

Ciudad de México a 23 de febrero de 2017

Tras siete meses de espera, Armando Ocampo Zambrano, abogado, quien trabajó en la firma Chevez Ruíz Zamarripa por casi 14 años, pero en 2015, fue despedido “por temas personales”, tras conocerse su orientación sexual, externó su inconformidad ante la resolución del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), según la cual, no hubo un acto de discriminación en su despido del despacho especializado en materia fiscal.

En documentos compartidos por el también docente del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey se asienta que el Conapred señala que no hay discriminación en su contra al momento de ser despedido debido a que “invocar ‘temas personales’, es subjetivo y ambiguo, lo que no revela discriminación por ese solo hecho”.

Además, el organismo argumentó que si bien, durante la investigación, “se contraponen las argumentaciones de las partes en cómo fue la separación y existió coacción”, existe “un consentimiento” para separarse del cargo, lo cual indica que el caso le compete a un juez civil, y en los audios presentados, hay “elementos razonables” para la separación como la invocación al “carácter empresarial” y “un aparente problema de aprendizaje de inglés”.

Para Ocampo, esta resolución tiene un carácter de ilegalidad debido a que en la investigación del organismo no se tomó en cuenta el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dicho Protocolo establece que cualquier distinción relacionada con las cuestiones protegidas por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la orientación sexual, la condición personal y el idioma, deben ser catalogadas como “categorías sospechosas”, y por tanto, requiere de un “escrutinio estricto”, es decir, un análisis con mayor rigor y cuidado.

Al considerar que se careció de ello, Ocampo se dijo “sorprendido” porque “debió analizarse si las distinciones invocadas por Chevez Ruíz Zamarripa estaban fundadas y eran lo suficientemente robustas para superar un escrutinio estricto o de discriminación indirecta” y relacionarse con las pruebas aportadas en el expediente.

Por esas razones, el jurista, quien recorrió todos los escalafones al interior del despacho de abogados hasta estar a un paso de poder ser socio capitalista, momento en que se le “pide su renuncia”, anunció que entablará una demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en contra del Conapred, para que sea este organismo el que lleve a cabo el análisis de escrutinio estricto y de discriminación indirecta.

De igual manera, comentó que durante el mes de marzo se llevará a cabo la audiencia con respecto a la demanda civil entablada contra Chevez Ruíz Zamarripa por daño moral y la sesión de desahogo de pruebas en el juicio civil referente a sus derechos corporativos que fueron objeto de simulación por parte de dicha firma fiscal.

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One Comment

marco gro.

las cosas no vienen gratis, llama la atención que pasaron 14 años, algo hizo esa persona.

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